La reciente decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de eliminar las restricciones en el WiFi que habían sido establecidas por su circular 1/2010 es importante porque se pone al día con la compatibilización del programa europeo WiFi4EU y abre las puertas a una conexión inalámbrica más ágil y eficiente para todos los ciudadanos.
La circular 1/2010, que había sido impuesta restringiendo las capacidades de las redes WiFi de las administración públicas en espacios públicos, se mostró desfasada desde el principio y más con la evolución tecnológica y la creciente demanda de conectividad. Su eliminación llega después de una revisión exhaustiva de las políticas de telecomunicaciones y tiene como consecuencia inmediata una mejora significativa al actualizarse a la normativa europea y la experiencia del usuario en las conexiones WiFi públicas.
Con esta medida, los ciudadanos podrán gozar de una mayor libertad y flexibilidad en el uso de las redes WiFi públicas como la propuesta del programa WiFi4EU, con beneficios concretos como una mayor velocidad de conexión y una mejora en la calidad de los servicios.
Teniendo en cuenta que de los 29.381 municipios inscritos en el programa WiFi4EU, 1.683 son españoles, es, sobre todo importante la compatibilización con el programa europeo WiFi4EU, una iniciativa para proporcionar conexión WiFi gratuita en espacios públicos como parques, plazas y bibliotecas. Esta sinergia entre las políticas nacionales y europeas asegura una mejor coordinación en la implementación de tecnologías de conexión inalámbrica y fomenta el uso eficiente de recursos.
La decisión de la CNMC ha sido bien recibida por parte de los expertos en telecomunicaciones y las administraciones públicas, desde la Fundación destacamos la importancia de adaptar la normativa a las nuevas demandas de la sociedad digital y, además, somos conscientes de que con eliminación de restricciones no sólo se mejora la conexión WiFi en ámbitos públicos por parte de las administraciones, sino que se contribuye a dar seguridad jurídica a las 1.683 que están dentro del proyecto europeo WiFi4EU y las que han desplegado infraestructura de puntos de acceso WiFi en espacios públicos como servicios fuera del programa.