El 18 de abril de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución A/77/L60 titulada “Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible“.
Aunque esta resolución no tiene fuerza vinculante en términos legales, constituye un precedente y referente para la elaboración de futuros instrumentos de carácter vinculante, tanto a nivel internacional como nacional. Así, sienta las bases para enfrentar los desafíos de la desigualdad, la crisis climática y otras problemáticas económicas y sociales que afectan a los territorios y los ciudadanos, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad.
A través de esta aprobación, se proporciona a los gobiernos nacionales una guía clara sobre las acciones que pueden emprender en este ámbito:
Definición de la economía social y solidaria
La Resolución define que la economía social y solidaria incluye empresas, organizaciones y otras entidades con:
- una gobernanza democrática o participativa
- un criterio de distribución y uso de los excedentes o beneficios, así como de los activos, que prioriza a las personas y el fin social sobre el capital
- una autonomía e independencia (respecto a los gobiernos y empresas tradicionales)
- y se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua.
Además, determina que entre las principales formas jurídicas que integran el ámbito de la economía social y solidaria incluyen: las fundaciones, cooperativas, asociaciones, mutuas, empresas sociales, grupos de autoayuda y otras entidades basadas en valores y principios de economía social.
Ámbito de actuación
Las entidades de la economía social y solidaria tienen un ámbito de actuación amplio, operando en todos los sectores de la economía, ya sean o no estructurados. Mediante sus actividades económicas, sociales y medioambientales, estas entidades buscan promover su interés colectivo o general. A su vez, tienen como objetivo asegurar su propia viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.
Valores de la economía social y solidaria
La Resolución determina que la economía social y solidaria se basa en los siguientes valores:
- Cuidado de las personas y del planeta: Las entidades de la economía social y solidaria buscan promover prácticas sostenibles y responsables que tengan un impacto positivo en la sociedad y el planeta.
- Igualdad y equidad: promueve la igualdad de oportunidades y la justicia social.
- Interdependencia: La economía social y solidaria promueve la colaboración, cooperación y solidaridad para abordar los retos sociales, económicos y ambientales entre las personas, las comunidades y los entornos.
- Autogobernanza: promueven la participación activa de todas las personas implicadas en la toma de decisiones y en la gestión de las actividades.
- Transparencia y responsabilidad: se promueve la rendición de cuentas y la responsabilidad hacia las personas implicadas, la comunidad y el medio ambiente y el establecimiento de mecanismos para garantizar la transparencia en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos.
- Promoción del trabajo decente y de los medios de vida dignos: busca garantizar condiciones laborales justas, salarios dignos y oportunidades de desarrollo profesional y personal para las personas.
Políticas públicas
La Resolución insta a los Estados miembros a promover e implementar estrategias, políticas y programas nacionales, locales y regionales para apoyar y potenciar la economía social y solidaria como modelo de desarrollo económico y social sostenible. Esto puede incluir el establecimiento de marcos jurídicos específicos, la visibilidad de su contribución en las estadísticas nacionales, ofrecer incentivos fiscales y de contratación pública, reconocer su papel en los programas educativos e iniciativas de desarrollo de capacidades e investigación, así como el soporte empresarial, especialmente en el acceso a servicios financieros y financiación para las entidades de la economía social y solidaria. Asimismo, se estimula la participación de los agentes de este ámbito en el proceso de formulación de políticas.
Política multinivel
La Resolución indica que esta política debe ser multinivel, es decir, debe implicar la participación de responsables públicos internacionales, nacionales y regionales, las instituciones financieras internacionales y los bancos de desarrollo en la toma de decisiones y la coconstrucción de políticas. Barcelona, mayo de 2023
Este resumen ha sido elaborado por los servicios jurídicos de la CCF con fines informativos.