Los conceptos de soberanía digital y autonomía estratégica ya no son únicamente expresiones utilizadas por las personas expertas. Hoy forman parte del discurso habitual de las administraciones públicas. Cada vez más municipios impulsan estrategias digitales, despliegan plataformas de ciudad inteligente, adoptan soluciones de software libre o revisan dónde se alojan sus datos.
Somos conscientes de que todo ello es necesario, pero también es insuficiente. Porque la soberanía digital no comienza en la nube. Comienza mucho antes: en las infraestructuras que transportan los datos.
La infraestructura también es política
Cuando un ayuntamiento habla de soberanía digital suele plantearse preguntas como: ¿dónde se almacenan los datos?, ¿qué software utilizamos?, ¿quién controla las plataformas digitales? Son cuestiones importantes, pero hay otra que casi nunca aparece:
¿Quién controla la red por la que circulan esos datos?
La conectividad es la primera capa de cualquier servicio digital. Sin una infraestructura robusta, abierta y accesible, cualquier estrategia de transformación digital queda condicionada por las decisiones de otros actores. La infraestructura no es un elemento neutro, ya que determina quién puede innovar, quién puede ofrecer servicios, qué costes asume el municipio y hasta qué punto es posible mantener el control sobre los recursos digitales.
Las ciudades inteligentes necesitan redes inteligentes
Sensores ambientales, cámaras, semáforos, alumbrado público, contadores inteligentes, sistemas de monitorización energética o servicios de emergencia comparten una misma necesidad: una red de comunicaciones fiable.
Tradicionalmente, estos servicios se han contratado de forma independiente. Cada proyecto despliega su propia infraestructura o depende de un proveedor concreto. El resultado es una ciudad llena de redes paralelas, poco interoperables y difíciles de reutilizar.
Existe una alternativa: considerar la red de telecomunicaciones como una infraestructura compartida, igual que las calles, el alumbrado o las canalizaciones municipales. Cuando la infraestructura es abierta, diferentes servicios pueden coexistir sobre una misma red, reduciendo costes y evitando duplicidades.
Las infraestructuras abiertas generan autonomía
Disponer de infraestructuras abiertas no significa que el ayuntamiento deba convertirse en un operador de telecomunicaciones. Significa disponer de una base común sobre la que distintos actores puedan prestar servicios en condiciones transparentes y no discriminatorias.
Este modelo ofrece numerosas ventajas: facilita la competencia entre proveedores, evita dependencias excesivas de un único operador, permite reutilizar las inversiones públicas, favorece la innovación local e incrementa la resiliencia de las comunicaciones.
Es una forma de entender la infraestructura como un bien de interés general.
La soberanía también se construye desde el territorio
Los municipios son los primeros responsables de muchos servicios públicos que hoy dependen de una buena conectividad. Por ello, también deberían poder participar en la planificación y gobernanza de las infraestructuras digitales.
La colaboración entre administraciones, comunidades locales, operadores y entidades sin ánimo de lucro permite construir redes más adaptadas a las necesidades del territorio y más sostenibles a largo plazo.
No se trata de sustituir al mercado, sino de complementarlo allí donde sea necesario y garantizar que la infraestructura esté al servicio del interés público.
La soberanía digital es capacidad de decisión
La soberanía digital no es únicamente una cuestión tecnológica. Es, sobre todo, una cuestión de capacidad de decisión.
Un municipio es más soberano cuando puede decidir cómo se conecta, cómo comparte sus infraestructuras, cómo protege sus datos y cómo garantiza que los servicios digitales seguirán funcionando en el futuro.
Esta capacidad no depende exclusivamente del software o del centro de datos. Depende, ante todo, de disponer de infraestructuras abiertas, compartidas y gobernadas conforme a criterios de interés general.
Un debate que viene de lejos y que apenas empieza
Durante los próximos años, los ayuntamientos invertirán millones de euros en digitalización, sensores, inteligencia artificial y servicios conectados. Es una oportunidad única para ampliar el debate sobre la soberanía digital.
Porque, antes de preguntarnos dónde se almacenan los datos o qué software utilizamos, debemos plantearnos una cuestión todavía más fundamental:
¿Quién es propietario de las infraestructuras que hacen posible nuestra vida digital?
Si queremos municipios verdaderamente inteligentes, resilientes y autónomos, la respuesta no puede limitarse a la nube. Debe comenzar a pie de calle, allí donde discurren las fibras ópticas, las canalizaciones y las redes que conectan a las personas, los servicios y las comunidades.